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Presentamos nuestra traducción de amplios pasajes de un artículo de George Weigel, en el cual se explica de manera exhaustiva la naturaleza propia de la controversia que desde hace semanas se está viviendo en los Estados Unidos, oponiendo las Iglesias y las instituciones religiosas – la Iglesia Católica in primis – a la Casa Blanca.
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No en vano la Casa Blanca se ha esforzado por redefinir el debate que se libra en los medios y en el Congreso federal a propósito de la “obligación a la anticoncepción” impuesta por el United States Department of Health and Human Services, es decir, el Ministerio de Salud, haciéndolo pasar por una jihad de derecha desencadenada contra la “salud de la mujeres”. Pero, a pesar de esto, la verdadera batalla contra aquella imposición y en defensa de la libertad religiosa continúa.
Una carta dirigida el 2 de marzo a sus hermanos obispos por el cardenal Timothy M.Dolan, presidente de la Conferencia episcopal católica de los Estados Unidos, ha enmarcado útil y sintéticamente el estado actual de la cuestión, que no conduce sino al boicot continuo y constante por parte de la Administración guiada por Barack Obama. Los pasajes clave de la carta de Mons. Dolan son estos:
“Cuando, el 20 de enero, el presidente anunció que las imposiciones sofocantes del United States Department of Health and Human Services permanecerían en vigor, no sólo nosotros, obispos y fieles católicos, sino todas las personas de fe, e incluso aquellos que no tienen fe, se han unido en la protesta. La preocupación que hemos expresado – sobre el hecho de que tal control por parte del gobierno es contrario a nuestros más enraizados valores políticos – ha sido luego, por lo tanto, articulada de forma elocuente por los estudiosos de derecho constitucional y por líderes de diversas religiones”.
“En primer lugar, no se ha hecho referencia mínimamente a nuestras profundas preocupaciones concernientes a la violación de la libertad religiosa o a la posibilidad de modificar el intento del United States Department of Health and Human Services de definir el quién y el cómo de nuestro ministerio pastoral. En segundo lugar, dado que una gran parte de nuestras iniciativas sociales se “auto-aseguran”, estamos todavía preguntándonos cómo esta autonomía podrá continuar protegiéndonos ahora. Nosotros, de hecho, deberemos pagar todavía los costos de la reforma y, además, deberemos incluso insertar en nuestras pólizas asegurativas, prácticas que nuestra Iglesia nos ha enseñado repetidamente como errores graves con los cuales no debemos tener nada qué compartir. ¿Y qué decir, luego, de los creyentes individuales que son obligados a pagar por lo que viola su libertad religiosa y su conciencia? Nosotros, de hecho, no podemos abandonar a las personas de fe que trabajan seriamente y a los cuales les corresponde por derecho la libertad religiosa. Y, en tercer lugar, no ha sido todavía decidido nada respecto a las esposas que se han puesto en las muñecas de renombradas estructuras caritativas católicas, de nivel tanto nacional como internacional, y a su exclusión de las convenciones con el sector público, sólo porque no entregan a las víctimas del tráfico de ser humanos, los migrantes, los prófugos y los hambrientos del mundo al aborto, a la esterilización y la anticoncepción”.
El Cardenal Dolan ha encendido luego una luz importante sobre el acercamiento seguido por la Administración Obama en este debate, administración que busca presentarse como la parte razonable del debate, que sin embargo no concede nada y que luego usa agentes publicitarios como el senador Chuck Schumer y el jefe de la minoría democrática en la Cámara federal, Nancy Pelosi, para enturbiar las aguas, distrayendo la atención de todos de la inconstitucionalidad y de la ilegalidad manifiestas de lo que el ministerio de Salud quiere imponer:
“[Después del 10 de febrero], el Presidente nos ha invitado a “limar las asperezas”. Hemos aceptado la invitación […]. [Sin embargo], el responsable de la Casa Blanca para las relaciones con la prensa […] informó al país diciendo que las obligaciones impuestas por el ministerio de la Salud son ya un hecho consumado (y, algo vergonzoso, agregó también que nosotros, obispos, de todos modos hemos estado siempre en contra del sistema sanitario federal, una acusación que es en sí misma vulgar e insolente, además de ser totalmente falsa […]). La Casa Blanca ha [también] notificado al Congreso federal de que aquellas temidas obligaciones sean ahora publicadas en Registro Federal sin cambios. Y la prensa ha retomado ampliamente las palabras usadas por el ministro de Salud: «En realidad, las compañías aseguradoras religiosas no proyectan las pólizas que luego venden en base a lo que dice su fe religiosa». De hecho, esto no promete nada bueno sobre el intento de la Administración de encontrar un «ajuste» seriamente aceptable”.
“Por otro lado, durante un reciente encuentro entre los delegados de la Conferencia episcopal católica de los Estados Unidos y delegados de la Casa Blanca, los nuestros han preguntando de modo directo si las preocupaciones en términos de libertad religiosa – la posibilidad de revisar aquella imposición de camisa de fuerza, o bien ampliar la maliciosa exención por ella contemplada – deben considerarse ya superadas. Ellos respondieron de modo afirmativo. Fin del «limar las asperezas». Y en cambio se ha aconsejado de inmediato a la Conferencia episcopal católica que escuchara las “iluminadas” voces de quien auspicia el compromiso, como el reciente, para nada sorprendente y a pesar de todo terriblemente desgraciado, editorial aparecido en el semanario America [publicado por la provincia estadounidense de la Compañía de Jesús y actualmente dirigido por el padre jesuita Drew Christiansen]. Parece que la Casa Blanca piensa que nosotros, los obispos, simplemente no conocemos o bien no comprendemos el magisterio católico, y así, partiendo de una definición de libertad religiosa propia, ha nombrado un elenco propio de maestros católicos”.
“Nosotros seguiremos aceptando las invitaciones a resolver y a expresar nuestras preocupaciones que nos sean dirigidas por cualquiera, independientemente del sector al que pertenezca (de hecho, no es algo sectorial), que quiera corregir las violaciones de la libertad religiosa que estamos sufriendo ahora. Pero, mientras lo hacemos, no podemos confiar en quien promete ajustes privados de plazos y, además, sin la garantía de propuestas que disipen concretamente nuestras inquietudes en un modo que no entre en conflicto con nuestros principios y nuestro magisterio”.
La carta del Cardenal describe luego las dificultades que han sido encontradas en el intento de buscar un remedio legislativo a los problemas causados por la obligación impuesta por el ministerio de Salud, notando que, durante el reciente debate en el Senado federal en relación a la enmienda Blunt, “nuestros opositores han tratado de oscurecer aquello que, en realidad, es precisamente sólo un argumento de libertad religiosa, sosteniendo que los fármacos que inducen el aborto y ciertos preparados análogos son una «cuestión de salud femenina». Pero nosotros no permitiremos que este engaño perdure”. (Como expresión concreta de este empeño, la Conferencia episcopal católica estadounidense está preparando, y pronto distribuirá, materiales para utilizar en las parroquias para explicar adecuadamente que el argumento es eminentemente el de la libertad religiosa).
Pero mientras los referidos intentos de un remedio legislativo al problema continúa, el cardenal Dolan observa que precisamente la vía jurídica garantizada por la defensa de la libertad de religión es el instrumento de contraste que, más que todos, puede tener ahora éxito, y esto por el hecho de que existen tanto la Primera Enmienda a la Constitución Federal de los Estados Unidos de América como el Religious Freedom Restoration Act, es decir, la “Ley sobre la restauración de la libertad religiosa” [una ley federal que impide la conculcación del derecho de todo ciudadano estadounidense al libre ejercicio de la propia religión]. De este modo, el cardenal subraya el hecho de que “nuestra Conferencia episcopal, muchas realidades religiosas y otras personas de buena voluntad” están trabajando, legalmente asistidas pro bono – gratuitamente -, para desafiar las obligaciones impuestas por el ministerio de Salud en los tribunales federales; algunas denuncias ya han sido presentadas y otras lo serán en los próximos días. Dada la reciente sentencia pronunciada por la Corte Suprema federal en el caso Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. E.E.O.C. [Sentencia que reconoce por primera vez una “excepción ligada al ministerio” en las leyes federales que impiden la discriminación en las asunciones, afirmando que las Iglesias y otras instituciones religiosas estadounidenses deben ser libres de elegir las propias cabezas sin sufrir interferencia alguna por parte del gobierno], realmente no es fácil ver cómo la Administración Obama puede lograr vencer en este nuevo intento de socavar las instituciones de la sociedad civil y de violar las conciencias de las personas. El hecho de que, sin embargo, intente hacerlo, es algo que debe ser continuamente recordado a los electores, a medida que el año en curso procede.
Por otro lado, el rigor con que los obispos católicos han desafiado a la Administración, y la obligación impuesta por su ministerio de Salud, no ha sido seguido con la atención que merece, excepto en el sentido distorsionado que ha dominado el modo en que demasiados medios masivos han ofrecido la crónica de esta controversia: a saber, que toda la cuestión giraría en torno a los obispos antidiluvianos que quieren imponer a todo el país una moral que su misma gente rechaza. Pero, bajo la guía del cardenal Dolan, del obispo William E. Lori de Bridgeport, en Connecticut – presidente del Comité ad hoc para la libertad religiosa, recientemente erigido por la Conferencia episcopal católica estadounidense – y de otros, los obispos han permanecido coherentes con el propio mensaje, insistiendo en decir que la obligación impuesta por el ministerio de Salud es una violación de la libertad religiosa de grave relevancia para todos. Como ha escrito una blogger feminista católica, “la entera cuestión concierne al control de los nacimientos tanto como la Revolución Americana concernía al té”.
Los obispos, por último, tienen también en la mira a aquellos que, dentro de la familia católica, presionan para la aceptación del falso “arreglo” propuesto por la Administración Obama. La carta del Cardenal Dolan, de hecho, ha disparado un golpe sin precedentes contra la revista de los jesuitas “America”; y el obispo Lori ha ido aún más lejos en una carta enviada a la misma revista, observando que la irritación mostrada por la misma cuando dice que los obispos se están perdiendo en “detalles” prácticos ignora todas y cada una de las violaciones de la libertad religiosa tanto de las instituciones como de los individuos que la obligación impuesta por el ministerio de Salud implica. A esto se podría agregar, por otro lado, que se necesita un especial tipo de ceguera moral (o de exaltación partidista) para sugerir, como ha hecho “America”, que obligar en conciencia a las instituciones y los empleados de la Iglesia a ofrecer seguros sanitarios que incluyen preparados abortivos, como la píldora Ella, es un “detalle”. Y luego, como aclara la carta del Cardenal Dolan, la Administración en funciones practica un modo bastante diverso de “limar las asperezas” en “detalles” de este género: o se hace como quiere Obama, o bien no se hace nada.
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Fuente: La Bussola Quotidiana
Traducción: La Buhardilla de Jerónimo
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